NI UNA MENOS: MILEI ES LA VIOLENCIA Y EL ESTADO ES RESPONSABLE

 En este nuevo aniversario del #NiUnaMenos, las mujeres y disidencias del Partido Justicialista alzamos la voz frente a un escenario de retrocesos que amenaza nuestra integridad y el tejido de la democracia. En los últimos días los aberrantes crímenes de Agostina y Dulce conmueven a la Argentina y dan cuenta de la inminente necesidad de redoblar esfuerzos y profundizar la construcción de herramientas sociales y técnicas que nos permitan prevenir, detectar y erradicar las violencias.

El ajuste es violencia

Denunciamos la desarticulación deliberada de las políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género. La reducción y desaparición de partidas presupuestarias no es una medida económica, es una decisión política que deja a nuestras compañeras en situación de vulnerabilidad y desamparo. Un Estado que recorta recursos para salvar vidas es un Estado que abandona a su pueblo.

El proyecto de "falsas denuncias" es protección para los agresores

Rechazamos la campaña sistemática de desinformación que busca instalar el mito de las "falsas denuncias". Los datos son contundentes: según el Informe del Consejo de la Magistratura, las denuncias falsas por violencia de género son estadísticamente insignificantes -representan menos del 0,1% de los casos-. El mismo informe señala que apenas el 75% de las mujeres y disidencias que sufren violencia se animan a denunciar. El mito sostenido por sectores reaccionarios pretende confundir a la sociedad sobre un problema innegable, y silenciar y desalentar tanto a quienes denuncian como a las y los profesionales que las acompañan. En suma, lejos de hacerse cargo de un problema tan evidente como preocupante, esta iniciativa malintencionada no hace más que perpetuar la impunidad de los agresores.

La justicia, por su parte, no está siendo un refugio: es un escenario de revictimización sistemática. Denunciamos que el Poder Judicial reproduce la violencia machista en cada etapa del proceso -desde las causas penales por violencia de género, donde se descree de la palabra de las víctimas y se dilatan las medidas de protección, hasta los fueros de familia, donde la imposición de regímenes de cuidado y la desidia en el cobro de cuotas alimentarias operan como mecanismos de extorsión y castigo-. Lejos de proteger a las infancias y a las mujeres, muchas sentencias obligan a sostener la vinculación forzada entre niñas, niños y adolescentes con sus padres agresores, priorizando una supuesta "coparentalidad" por encima de la seguridad y el bienestar de quienes fueron víctimas de violencia. Esta lógica revictimizante desconoce la realidad del maltrato y se agrava en un sistema burocrático y poco eficiente.

La desidia institucional es el resultado directo de la ausencia de formación especializada. Exigimos la implementación efectiva y obligatoria de capacitación en perspectiva de género para todo el funcionariado judicial, acompañada de inversión urgente en equipos interdisciplinarios con recursos suficientes. No toleraremos una justicia que, por ignorancia o complicidad, utilice la vinculación como privilegio del progenitor violento. Exigimos que se reconozca, de una vez por todas, que la falta de alimentos y la imposición de contacto con agresores son formas de violencia institucional que perpetúan el ciclo del abuso.

La violencia institucional y el ataque a nuestra democracia

Señalamos con profunda preocupación la violencia política ejercida desde las altas esferas del Gobierno. La persecución judicial, mediática y económica contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner -en una clara connivencia entre el Poder Judicial, el poder económico concentrado y el oficialismo- no es un hecho aislado. Es la máxima expresión de una violencia institucional que busca proscribir liderazgos populares y disciplinar a conductoras políticas que han trabajado incansablemente para garantizar de manera efectiva la justicia social y el acceso a derechos para mujeres, diversidades y el pueblo argentino. Este ataque no solo busca destruir a una dirigente; busca degradar nuestro sistema democrático, instalando el odio y la exclusión como forma de gobierno.

Nuestra respuesta es la organización

Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha. No permitiremos que nos arrebaten los derechos conquistados ni que la violencia institucional se convierta en la norma. Exigimos:

-        Presupuesto para políticas públicas de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género.

-        Reforma judicial que garantice una justicia con perspectiva de género e independiente del poder económico.

-        Se fije fecha de juicio por la verdad en la causa de Marita Tobio

-        Cese inmediato de la persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner: CRISTINA LIBRE PORQUE ES INOCENTE

 

Justicia por Agostina

Justicia por Dulce

Justicia por todas

 

¡Por una patria justa, libre, soberana y libre de violencias!